El escándalo de corrupción en España alcanza a 15 alcaldes socialistas

Desde 2017, la constructora Levantina Ingeniería y Construcción, S.L. (LIC), actualmente bajo investigación por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, ha sido beneficiada con un total de 34 millones de euros más impuestos en contratos públicos municipales adjudicados por 15 alcaldes del PSOE y Compromís. Este patrón de contratación se ha evidenciado en administraciones locales dirigidas por estos partidos a lo largo de más de ocho años.
Según las últimas revelaciones de The Objective, los focos más destacados de concesión de contratos se localizan en las ciudades de Valencia, Leganés (Madrid) y Dos Hermanas (Sevilla), donde las adjudicaciones a LIC han superado los 19 millones de euros (IVA no incluido).
En Valencia, durante el mandato del alcalde Joan Ribó (Compromís), respaldado por el PSOE, LIC recibió varias adjudicaciones con un monto total que alcanzó los 3,5 millones de euros. Entre las obras más significativas se encuentra el centro cívico del barrio del Cabañal, cuyo coste fue de 1,5 millones de euros y se financió con fondos europeos. Esta última adjudicación se formalizó semanas antes de que la izquierda perdiera el control del consistorio en junio de 2023.
En Leganés, bajo la administración del socialista Santiago Llorente, se otorgó a LIC la mayor adjudicación individual analizada: casi 16 millones de euros para la construcción de tres edificios de viviendas de protección oficial por medio de la empresa pública Emsule en abril de 2023. Sin embargo, esta adjudicación tuvo que ser transferida a otra empresa tras el concurso de acreedores de LIC. Llorente ha negado públicamente cualquier vínculo con la trama, manifestando que “Koldo jamás pisó el Ayuntamiento de Leganés” y argumentando que tomará acciones legales contra quienes difundan lo que considera “mentiras”.
En Dos Hermanas, el exalcalde Quico Toscano adjudicó en 2021 a LIC la construcción del segundo pabellón del Palacio de Congresos por un importe de 2,5 millones de euros más impuestos. Toscano, figura clave en el socialismo andaluz, estuvo al frente del ayuntamiento durante casi cuatro décadas hasta su relevo en 2022.
Además de estos contratos destacados, LIC ha acumulado adjudicaciones en otros municipios, especialmente en la Comunidad Valenciana. En Alcora, Samuel Falomir (PSOE) adjudicó en 2023 un contrato de 4,2 millones de euros para la rehabilitación de un instituto. En Jávea, José Chulvi (PSOE) adjudicó en 2018 una rehabilitación de un puente, que finalmente quedó sin ejecutar. En resumen, las adjudicaciones municipales muestran un patrón de contratación entre 21 contratos que suman 34 millones de euros más IVA, tramitados mayoritariamente mediante procedimientos abiertos con escasa competencia y rebajas significativas respecto a los presupuestos iniciales.
La investigación judicial en este contexto pone el foco en José Ruz, propietario de LIC, quien está siendo investigado por el Tribunal Supremo junto a otros ex altos funcionarios del PSOE por la supuesta manipulación de contratos públicos y la obtención de comisiones ilegales. La naturaleza y cantidad de estos contratos sugieren un entorno propicio para LIB durante años bajo administraciones socialistas y nacionalistas.