Dieciséis periodistas permanecen detenidos en Venezuela, denunció el Ipys

La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) advirtió que 16 periodistas siguen detenidos, lo cual, señaló, "forma parte de una tendencia creciente de represión y hostigamiento" en el país.
En una nota publicada en su página web, la organización precisó que ocho de esas detenciones ocurrieron en 2025, siete en 2024 y una en 2022.
De los 11 trabajadores de la prensa que fueron arrestados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, fueron excarcelados entre el 16 de noviembre y el 24 de diciembre: Gilberto Reina (editor), Deysi Peña (reportera gráfica), Ana Carolina Guaita (reportera), Fernando Chuecos (reportero gráfico), Yousnel Alvarado (reportero gráfico) y Paúl León (camarógrafo).
“La situación para la prensa independiente en Venezuela continúa deteriorándose, y son especialmente preocupantes las detenciones arbitrarias que se efectuaron durante los meses de julio y agosto 2024, así como en los primeros meses de 2025, así como en enero de 2025”, expone Ipys en su nota de prensa.
La ONG ofreció en detalle las detenciones registradas recientemente:
El 23 de mayo de 2025, fue detenido arbitrariamente el periodista y profesor universitario Carlos Marcano por funcionarios de seguridad del Estado, quienes ingresaron a su residencia en la urbanización Miranda, municipio Sucre del área metropolitana de Caracas, sin presentar orden judicial ni ofrecer información sobre su paradero.
El 10 de abril de 2025, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas ordenó la privación de libertad de la periodista Nakary Ramos, reportera del medio digital Impacto Venezuela, y de su esposo Gianni González, asistente de cámara. Ambos fueron acusados por la Fiscalía de los presuntos delitos de instigación al odio y difusión de noticias falsas.
El 20 de marzo, fue detenido el estudiante de comunicación social Juan Francisco Alvarado, de la Universidad Fermín Toro (núcleo Araure), por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) “La Cascada”, ubicado en la autopista José Antonio Páez, municipio Anzoátegui del estado Cojedes.
Un mes antes, el 20 de febrero, el periodista Rory Branker del medio digital La Patilla, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Si bien inicialmente fue trasladado al centro de reclusión de El Helicoide, horas más tarde su familia acudió a varias cárceles en su búsqueda, sin lograr confirmar su paradero. Hasta ahora, Branker permanece en condición de desaparición forzada.
El 9 de enero de 2025 también fueron detenidos Julio Balza, del equipo del Comando con Vzla, y el periodista Leandro Palmar, de LUZ Radio, junto a su técnico audiovisual, Belises Cubillán, después de cubrir manifestaciones ciudadanas convocadas por la oposición.
En el estado Zulia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrestaron a Leandro Palmar y Belises Cubillán cuando hacían la cobertura informativa de la manifestación realizada en la Plaza de la República, en Maracaibo. Ese día también se reportó que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron al periodista y profesor de la Universidad del Zulia Edinson Castro, quien fue liberado esa misma noche.
Durante los primeros días de 2025 ocurrió la desaparición forzada del periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, quien fue interceptado y detenido por funcionarios encapuchados en el centro de Caracas la tarde del 7 de enero.
La detención más reciente registrada en el contexto postelectoral de julio y agosto de 2024 fue la del periodista y dirigente político Biagio Pilieri, detenido por presuntos funcionarios policiales cuando salía de la movilización opositora del miércoles 28 de agosto, según denunció el Comando con Venezuela, que también aseguró que según la última ubicación de su teléfono, Pilieri fue detenido y trasladado a la sede del Sebin en El Helicoide.
Otro caso registrado en el contexto postelectoral fue el del reportero Joaquín de Ponte, de Guárico, quien fue arrestado el 30 de julio por efectivos de la PNB en San Juan de Los Morros, y lo liberaron esa noche.
En junio, además fueron encarcelados los periodistas Luis López, del diario La Verdad de Vargas, e Ismael Gabriel González, del equipo de Comunicaciones de Vente Venezuela. El 19 de junio, el fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, publicó a través de su cuenta en X que González, junto a López, habían sido imputados y privados de libertad por los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir.
La primera detención contra un periodista registrada este 2024 fue la de Carlos Julio Rojas, también activista social. El lunes 15 de abril dos hombres encapuchados y vestidos de negro, que iban a bordo de una camioneta plateada sin placas ni identificación de algún cuerpo policial, se lo llevaron cuando caminaba por La Candelaria, en Caracas.
Desde el 2 de febrero de 2022, también se encuentra privado de libertad el periodista Ramón Centeno, a quien le imputaron los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones.
“La detención de trabajadores de la prensa en Venezuela constituye un ataque directo contra la libertad de prensa y un intento de acallar las voces que buscan denunciar las injusticias y abusos de poder. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para proteger a las personas periodistas y asegurar que puedan desempeñar su labor sin temor a represalias”, concluye el instituto en su publicación.