ONU investiga como desapariciones el caso de los venezolanos deportados como criminales de EEUU a El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país ha recibido a 238 miembros de la banda criminal Tren de Aragua, quienes serán recluidos durante un año en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La información fue compartida a través de su cuenta de X.
Por otro lado, un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha iniciado una investigación relacionada con la posible "desaparición" de al menos uno de los 250 venezolanos expulsados por el gobierno de Donald Trump hacia El Salvador. El caso de Franco José Caraballo, que llegó a El Salvador el 15 de marzo en un vuelo desde Texas, es el foco de la atención.
El 11 de junio de 2025, Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, escribió al abogado de inmigración Martin Rosenow, quien representa a Caraballo. En la carta se señala que el Grupo de Trabajo examina su desaparición y ha solicitado al gobierno salvadoreño que investigue su caso, enfatizando la necesidad de proteger sus derechos.
El gobierno de Estados Unidos solicitó desestimar el caso de asilo de Caraballo por su ausencia en el país, y la decisión fue aceptada por un juez. Rosenow ha impugnado esta decisión, aunque todavía no ha recibido respuesta. La organización Together and Free reporta que más de una docena de casos de asilo de venezolanos también han sido cerrados sin un debido proceso.
La última vez que se tuvo noticias de Caraballo fue el 14 de marzo, cuando contactó a su esposa para informar que sería deportado a Venezuela, sin saber que lo enviarían a El Salvador. Al buscarlo, su familia no encontró registros de su ubicación a través del sistema online de ICE, coincidiendo con el momento en que los vuelos estaban en camino hacia El Salvador.
La cadena de Univisión noticias contacto con el grupo de trabajo para evaluar avances. En una reciente reunión en Tailandia, el grupo manifestó su preocupación por 125 casos de desapariciones forzosas en todo el mundo, incluida El Salvador, tras recibir un informe sobre las "deportaciones ilegales" desde Estados Unidos.
El informe también menciona que el gobierno de EE. UU. había reportado casos de abusos hacia migrantes bajo custodia federal, incluidos tratos que limitan su comunicación y acceso a información sobre su paradero.
Hasta el momento, tanto el gobierno de El Salvador como el estadounidense no han informado a la familia de Caraballo sobre su paradero. Hay indicios de que podría haber sido enviado al Cecot, conforme a documentos judiciales que sugieren su identificación como "miembro activo del Tren de Aragua", una acusación que muchos consideran sin fundamentos suficientes.
Expertos de la ONU han declarado que la forma en que se han llevado a cabo estas deportaciones podría estar en violación de derechos humanos y del debido proceso. Las autoridades no han proporcionado información sobre la situación de los deportados, quienes continúan sin noticias sobre su destino o contacto con sus familias.
Tres meses después de sus expulsiones, los familiares de estos venezolanos siguen sin recibir información, mientras la situación de los detenidos permanece en la oscuridad.