OVP denuncia “abandono” en calabozos policiales donde reos permanecen “incluso años”
La organización también alertó sobre las graves fallas en el acceso a la justicia. “Los detenidos enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa”, situación que —enfatizó— vulnera los principios del debido proceso y convierte la detención “en una pena anticipada e injusta”
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes una “política de abandono” en el sistema carcelario de Venezuela, caracterizado —según la organización— por el “hacinamiento extremo, falta de agua potable, ventilación inexistente, alimentos insuficientes y atención médica nula”. La ONG exigió al Estado venezolano garantizar condiciones humanas para las personas privadas de libertad.
Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono”, afirmó la organización a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X (antes Twitter). “Lo hemos denunciado una y otra vez: el régimen venezolano no solo ha sido incapaz de resolver el colapso del sistema penitenciario, sino que ha convertido los calabozos policiales en centros de reclusión permanentes”, recoge Efecto Cocuyo.
El OVP recordó que la normativa venezolana establece que los calabozos policiales están destinados a la detención preventiva por un máximo de 48 horas. No obstante, advirtió que en la práctica “miles de personas permanecen allí durante semanas, meses e incluso años”, lo que representa “una flagrante violación a los derechos humanos”.
A esta situación se suma la precariedad que enfrentan los familiares de los detenidos, quienes —según la ONG— deben asumir el suministro de comida, agua, medicamentos y artículos de higiene. “Muchas veces lo hacen a costa de ser extorsionados por funcionarios o de dormir en las afueras de comandos policiales, bajo condiciones humillantes”, denunció.
La organización también alertó sobre las graves fallas en el acceso a la justicia. “Los detenidos enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa”, situación que —enfatizó— vulnera los principios del debido proceso y convierte la detención “en una pena anticipada e injusta”.
Ante este panorama, el OVP exigió la implementación de “medidas urgentes y concretas”, incluyendo el cierre inmediato de los calabozos como espacios de reclusión prolongada, el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos y el fin del “castigo indirecto” que —afirma— padecen sus familiares.