Consejo de DD. HH. de la ONU investiga como “desapariciones” expulsión de venezolanos a cárcel de Bukele
El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU envió una carta a uno de los abogados de los venezolanos enviados a la cárcel de pandilleros de El Salvador para notificarle que habían pedido al gobierno de El Salvador una investigación para determinar el paradero y los derechos de estas personas. El organismo confirmó que había enviado un informe al gobierno de Nayib Bukele sobre las "deportaciones ilegales" desde EEUU.
Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investiga como "desaparición" el caso de al menos uno de los 250 venezolanos expulsados por parte del gobierno de Donald Trump a la cárcel de pandilleros de El Salvador, el Cecot.
El 11 de junio de 2025, Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de este organismo de la ONU, envió una carta al abogado de inmigración Martin Rosenow, quien representa a Franco José Caraballo, expulsado a El Salvador, como otros 230 venezolanos, en uno de los vuelos que salieron desde Texas el 15 de marzo, reseñó Univisión.
En la carta, Citroni informa a Rosenow que el organismo examinó el caso de "desaparición" de Caraballo y lo transmitió al gobierno de El Salvador. "El Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos", se lee.
A finales de abril, el gobierno federal pidió al juez de inmigración desestimar el caso de asilo de Caraballo porque no estaba presente en Estados Unidos. El juez aceptó. Rosenow asegura que objetó la decisión del magistrado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero aún no ha recibido respuesta.
La organización Together and Free, que ha brindado apoyo a las familias de estos venezolanos, calcula que más de una docena de casos de asilo de estos inmigrantes expulsados también fueron cerrados por los jueces de inmigración tras el pedido de los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El abogado explicó a la familia que seguramente sería trasladado a otro centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pero cuando buscaron a Franco Caraballo el sábado a través del sistema online de ICE para localizar a detenidos (el ICE locator), no había registro alguno de este venezolano. Coincidió justo con las horas en que los aviones ya iban en camino a El Salvador.
El traslado de estos venezolanos a El Salvador tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, abogados y jueces.
Lo han definido como "ilegal", "inconstitucional", como "una violación al debido proceso". Sin evidencias, más allá de ciertos tatuajes, fueron señalados como miembros del Tren de Aragua. Ninguno pudo defenderse de esas acusaciones. Para algunos, sus casos se van desvaneciendo en las cortes de inmigración y así, ellos van quedado olvidados en el sistema.
El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su carta le informó a Rosenow que le comunicarían la información recibida desde El Salvador sobre su cliente para que pudiera transmitirla a su familia.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Ohchr) señaló en un comunicado el 30 de abril que expertos estaban preocupados por la forma en que los venezolanos y salvadoreños habían sido enviados a El Salvador bajo el uso de esta ley, de forma "sumaria":
Parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a tribunales, en contravención con el derecho internacional (…) Las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional".
Han pasado tres meses desde que los venezolanos fueron expulsados a El Salvador. Los familiares y abogados de estos venezolanos siguen sin noticias sobre su paradero y sin siquiera tener acceso a una llamada telefónica. Muchos han confirmado que sus esposos o hijos se encuentran allí retenidos a través de los videos de propaganda compartidos por el propio presidente Nayib Bukele o por los de políticos republicanos que han logrado ingresar al Cecot.