Editorial | La Justicia, arma contra la corrupción
Hoy España está dando un ejemplo al mundo del valor de la administración de justicia, cuando esta actúa como un poder independiente y está en manos de juristas talentosos y de conducta moral intachable.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado expuesto por alarmantes casos de corrupción de sus más cercanos colaboradores que ocuparon ministerios, y la secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE.
Unos audios revelados por investigaciones de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, han estremecido a la opinión pública tanto española como europea.
Allí hablaban Santos Cerdán, jefe del PSOE, Koldo García y el exministro de Fomento José Luis Ábalos.
Negociaban desde comisiones por asignar grandes obras públicas a reconocidas empresas, hasta el reparto de mujeres para sus encuentros sexuales e incluso, sus gestiones para contratar con cargos públicos a sus amantes.
Dineros que salen de los bolsillos de los contribuyentes.
Podredumbre total que sacude a todo el país.
Pero resulta que, poco antes había salido a la luz una operación política conspirativa desde los socialistas para minar la reputación de los jefes de la UCO, precisamente a Antonio Balas Davila, jefe del Departamento contra la Delincuencia Económica y responsable de las investigaciones contra Begoña Gomez, la mismísima mujer de Pedro Sánchez por presunto tráfico de influencia, y el hermano de Sánchez, a quién se le adjudicó un cargo público en una contratación plagada de irregularidades.
Todo un cóctel asqueroso.
Pero no les dio tiempo, ni encontraron la forma de tapar semejante incendio político y moral.
Quisieron hacerlo, eso sí. Pero había diques de contención, o más bien cinturones sanitarios que dijeron basta.
Hombres y mujeres e instituciones de justicia no permitirían ocultar tamaña herida en el corazón del Estado español.
Hoy la historia recorre los titulares de medio mundo. El Gobierno de Sánchez está herido de muerte y la gente comienza a movilizarse en las calles ante el descaro.
Venezuela tuvo experiencias similares desde la administración de justicia antes de la llegada de la decadencia.
Hubo ese país, aunque las generaciones más jóvenes no lo hayan conocido
Existió un marco de respeto institucional y separación clara de poderes que permitió el enjuiciamiento de altos cargos, como ministros, alcaldes y hasta el propio presidente de la República, Carlos Andrés Pérez.
No entraremos en detalles históricos que están perfectamente documentados.
Pero si valoraremos el temple de aquella justicia venezolana, estudiada, constituida por magistrados, abogados, docentes, secretarios, que se forjaron para defender las leyes y no para enriquecerse de la corrupción que intentó quebrarlos.
Esa historia quedó en el recuerdo, y dista mucho de la institucionalidad de hoy. Hay que decirlo.
Pero ahí radica uno de los grandes retos de la sociedad venezolana, la reconstrucción total del Estado de Derecho y la separación de los poderes para su actuación independiente de las presiones políticas y partidistas de los que detentan el poder.
“La legge è uguale per tutti”... así rezan las entradas en los tribunales italianos. La ley es igual para todos. Y así queremos que sea de nuevo en Venezuela. Pero hay que dejarse la piel para lograrlo.
En el rescate de la Venezuela perdida, además de levantar una economía destruida —que con dinero podrá reconstruirse—, será aún más laborioso recuperar la Nación digna que merecemos.
Una Nación fundada en valores, donde aquella frase hoy olvidada vuelva a retumbar: “La moral y la cívica son nuestras primeras necesidades”.
Porque esos valores no se compran con dinero, sino que se restauran colocando al frente de todos los espacios públicos a personas decentes, honorables y talentosas.
Por ello, afirmamos con firmeza: la justicia es el mejor antídoto contra la corrupción.
Carlos Alaimo
Presidente Editor