Comisionista español tendría pruebas de que Zapatero recibió pagos millonarios de Pdvsa

El comisionista Víctor de Aldama, una de las figuras centrales del caso Koldo, mantiene en su poder dos sobres bajo custodia de su socio Luis Alberto Escolano. Según fuentes próximas a la investigación citadas por The Objective, el contenido de estos sobres implicaría directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una trama de pagos millonarios realizados por la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Los documentos, calificados como “de extraordinaria sensibilidad”, contendrían pruebas que vinculan al exlíder socialista con transferencias procedentes de la empresa estatal venezolana. Las fuentes aseguran que el material tiene un potencial político explosivo, al mostrar conexiones entre figuras del Gobierno español y redes de corrupción internacionales.

De Aldama, investigado por fraude fiscal en el ámbito del comercio de hidrocarburos, lanzó recientemente una advertencia pública en el programa Horizonte de Iker Jiménez, sugiriendo que Zapatero debería “dar explicaciones” por su implicación en los hechos. Según relató, el exmandatario habría sido transportado por él en un vuelo privado desde Caracas a Santo Domingo, un viaje del que ahora exige explicaciones públicas.

Este vuelo se enmarca en una trama mayor: la importación encubierta de petróleo venezolano a través de República Dominicana para eludir sanciones internacionales. Parte de este esquema incluía un proyecto de refinería en Tenerife que finalmente no se concretó, pero que ya contaba con depósitos fiscales preparados, según una declaración jurada de Carmen Pano, socia de Aldama.

La investigación de la Guardia Civil revela que los beneficios ilícitos no provenían únicamente de comisiones durante la pandemia, sino de un complejo fraude del IVA en la compraventa de combustible. El uso de sociedades opacas en paraísos fiscales, con acciones al portador, permitió ocultar los verdaderos beneficiarios del entramado, del que República Dominicana fue un punto clave tanto logístico como financiero.

Además, los mensajes interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) entre Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y Aldama, evidencian una relación directa y continua. En uno de los intercambios, Rodríguez se interesa por el estado de “el jefe”, presuntamente en referencia al entonces ministro José Luis Ábalos, semanas después de la polémica escala de la dirigente venezolana en el aeropuerto de Barajas.

La figura de Rodríguez también aparece vinculada al exembajador español en Venezuela Raúl Morodo, juzgado por recibir más de 4,5 millones de euros de Pdvsa sin justificación legal. Aunque Zapatero nunca fue investigado por este caso, la muerte en extrañas circunstancias del exdirectivo de Pdvsa Juan Carlos Márquez, quien había ofrecido testimonio voluntario, añade un elemento de inquietud a este entorno de conexiones.

Por otra parte, el despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, fue contratado por Pdvsa en 2016 por 8,8 millones de euros para ejercer acciones legales en España. Parte del acuerdo incluía la “coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España”, una cláusula especialmente sensible dado que la pareja de Garzón, Dolores Delgado, fue fiscal general del Estado.

Este nuevo entramado, que mezcla intereses empresariales, políticos y judiciales, amenaza con reavivar el foco mediático y judicial sobre figuras clave del pasado reciente de la política española, especialmente en lo relacionado con las relaciones con el gobierno venezolano.