Relatoría de la Cidh advierte sobre “patrón sistemático” para “silenciar voces críticas” en Venezuela

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advirtió este lunes sobre el “grave deterioro” del ecosistema mediático en Venezuela, con un entorno “cada vez más hostil” contra la prensa tras la represión y persecución luego de las elecciones presidenciales de 2024.

“La Relatoría observa que la represión y persecución política posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024 han consolidado un entorno cada vez más hostil para la prensa, marcando un punto de inflexión en el ejercicio del periodismo en Venezuela”, señaló la oficina de la CIDH en un comunicado, citado por Tal Cual.

Según los testimonios recabados, la autocensura ha tenido un “aumento significativo” a partir del 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales.

Resaltan que, tras las presidenciales, mudos periodistas han adoptado medidas de autoprotección, “como cesar su labor informativa, evitar el cubrimiento de ciertos temas, desplazarse internamente o exiliarse. En el exilio, enfrentan serias dificultades para continuar su labor y reintegrarse al mercado laboral”.

El deterioro del ecosistema mediático también se ha “exacerbado por recortes en los fondos de cooperación técnica internacional”, por lo que advirtieron que “esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los medios venezolanos y limita el acceso a información crucial sobre la situación de derechos humanos en el país, tanto a nivel nacional como internacional”.

La Relatoría manifestó su preocupación por las detenciones contra periodistas y trabajadores de la prensa. Recordó que al menos 12 comunicadores están detenidos, seis de ellos arrestados durante los primeros cuatro meses de 2025, “presuntamente en represalia por el ejercicio de su labor informativa”

“En la mayoría de los casos documentados, los periodistas detenidos enfrentan cargos de incitación al odio y terrorismo, en procesos que carecen de garantías judiciales, tal como ha sido señalado por la Cidh”, señaló la Relatoría.

Además de las detenciones arbitrarias, se han registrado al menos 79 bloqueos a sitios web, agresiones en línea y amenazas de cuentas oficiales de la PNB y la Dgcim, campañas de propaganda oficial, desinformación y estigmatización por parte de altos funcionarios, actos de violencia en protestas, allanamientos o el cierre de emisoras informativas.

“También se reportó el uso de tecnologías de vigilancia como reconocimiento facial, drones y recolección de datos a través de plataformas estatales, junto con revisiones aleatorias de teléfonos celulares en la vía pública, con el fin de controlar y disuadir la participación ciudadana”, indicó la oficina.

Para la Relatoría, estos actos “no son aislados, sino parte de un patrón sistemático del gobierno para controlar la narrativa pública, restringir el flujo de información, silenciar voces críticas y dificultar la movilización y la protesta social, lo que ha contribuido a consolidar un clima de temor generalizado en la población venezolana”.

Se insistió que los ataques “dirigidos a silenciar voces críticas o inhibir la participación ciudadana en asuntos de interés público constituyen una violación manifiesta de los derechos humanos y de los principios fundamentales del Estado de derecho”.

La Relatoría urgió a las autoridades venezolanas a cesar “de forma inmediata las agresiones contra la prensa y contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”, al tiempo que reiteró su llamado a la comunidad internacional “a mantener una vigilancia activa sobre la situación de derechos humanos en el país y a expresar su más enérgico rechazo frente a las afectaciones a la libertad de expresión en Venezuela”.