Cidh exige liberar de inmediato a presos políticos en Venezuela y restaurar garantías judiciales
El organismo expresó su preocupación por las condiciones en las que permanecen más de 900 presos políticos en el país. El organismo detalló que muchos familiares solo han logrado confirmar que sus allegados están vivos gracias a datos compartidos por otros reclusos. La Comisión instó a las autoridades venezolanas a permitir visitar a los detenidos y garantizar el respeto a los derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo un llamado urgente al Estado venezolano para que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos. Al tiempo que denunció la persistencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y largos períodos de incomunicación.
En un comunicado, el organismo expresó su preocupación por las condiciones en las que permanecen más de 900 presos políticos en el país. De ellos, al menos 64 familias no tienen información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, según datos recogidos por la Comisión, reseñó El Nacional.
El organismo detalló que muchos familiares solo han logrado confirmar que sus allegados están vivos gracias a datos compartidos por otros reclusos o por llamadas de funcionarios penitenciarios solicitando medicamentos o artículos de higiene. Sin embargo, cuando intentan obtener mayor información o visitar a los detenidos, son frecuentemente víctimas de maltratos.
En algunos casos, únicamente han podido enterarse de que sus seres queridos están vivos y su lugar de alojamiento por la información que comparten otras personas privadas de la libertad, o porque funcionarios penitenciarios les llaman a pedir que lleven medicamentos o que recojan ropa sucia para lavar", señaló la Cidh.
Enfatizó que "el Estado venezolano debe liberar a todas las personas que se encuentran en prisión por motivos políticos, garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de su vida e integridad personal".
La Comisión instó a las autoridades venezolanas a restaurar la independencia del poder judicial. Así como permitir visitar a los detenidos y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Esto como condición esencial para el restablecimiento del Estado de derecho en el país.