Rodrigo Rivera Morales | Barbaridad y adefesio jurídico y político del TSJ
Tratando de definir la sentencia por la cual suspende del ejercicio profesional a la abogada María Díaz Marín, emitida por la Sala Constitucional del TSJ, no hemos encontrado término más adecuado que el de adefesio. Adefesio es “cosa ridícula, disparate, muy fea”. Esa decisión es un adefesio o mejor un disparate. Esta sanción a la abogada Díaz Marín por haber actuado en recurso de amparo en representación de ciudadanos contra el CNE, exigiendo la presentación de las actas electorales del 28 de julio. La sanción no solo es un adefesio jurídico, no hay norma que sustente esa decisión, sino que, además, es una barbaridad política.
Es un disparate jurídico porque sancionar al abogado que representa una pretensión de ciudadanos hábiles y en ejercicio de sus derechos constitucionales, es violatorio de la Constitución Nacional (arts. 26 y 49) que proclaman el acceso a la justicia y obtener tutela efectiva de los derechos individuales y de los colectivos, a tener defensa y asistencia jurídica en todo estado y grado del proceso, viola, también, Tratados y Acuerdos Internacionales sobre derechos humanos que consagran como derecho fundamental la asistencia jurídica.
Además, es una barbaridad política. Por un lado, dirigida personalmente contra la abogada Alejandra Díaz, por haber sido una connotada dirigente chavista que abandonó esas filas, sancionándola por haberse salido de sus huestees, implícito lleva un mensaje “quien abandone a la banda gobernante, será castigado”. Ya lo han hecho con otros, están los ccasos Baduel y Tareck El Alsami, se come a sus propios hijos. Por otro lado, es un ejercicio arbitrario del régimen que cierra cualquier vía constitucional de reclamo y lanza advertencia de sanción a los abogados si intentan acciones o recursos que cuestionen al régimen. Es un precedente arbitrario y represor que quebranta derechos humanos, propia del sicariato judicial.
La petición como lo ha señalado la propia María Díaz que en su recurso de amparo solicitaba que el CNE publicara las actas, no estaba en favor de ningún candidato, sino que exigía, conforme a la Ley Electoral, se publicasen los resultados, ya que su negativa a publicar daba dudas de la realidad proclamada por el Rector Amoroso. Que la decisión de la Sala Electoral no se ajustaba a los requisitos de ley por lo que debía presumirse con vicios de nulidad, por lo tanto, exigía a la Sala Constitucional, por vía de amparo, que se declarase el derecho de conocer los resultados y ordenara al CNE su publicación.
Todo mundo sabe que Maduro y su pandilla perdieron las elecciones. Lo saben los testigos de las mesas, lo saben los medios de comunicación, lo saben la sala situacional del gobierno que seguía paso a paso el desarrollo de las elecciones, lo saben los cubanos, los rusos, lo saben los militares que estaban al frente del plan república (algunos de ellos han dado los resultados, la saben los del CNE. A las 6 de la tarde ya lo sabía la alta cúpula y acordó la forma como burlar el voto popular, la primera medida movilizar tropas altamente represivas y confiables alrededor del CNE para evitar el justo reclamo, la segunda poner en alerta militar las principales guarniciones, y en tercer lugar arremeter contra los testigos electorales de la oposición para obligarles a entregar las actas o desmentir sus firmas. Esto último no resultó y se recabaron actas que daban, en forma irreversible, ganador a Edmundo González. De suerte que la decisión del TSJ no es más que el ejercicio de su sumisión a la tiranía de la pandilla.
La sociedad venezolana no, sometida por el chantaje del CLAP, está consciente que la pandilla cívico-militar no tiene escrúpulos para cometer cualquier atrocidad. Empezando por haber destruido el Estado de derecho y desconocido la Constitución, concretando el más descarado robo a la soberanía popular al desconocer los resultados del 28 de julio. Se ha sostenido que la pandilla ha actuado así porque no hubo negociación. Nada, las hubo, pero ellos les daban patadas a esos acuerdos. La pandilla como toda agrupación criminal se impone por la fuerza y no entiende de diálogos ni acuerdos.
No es de extrañar la decisión tomada por la Sala Constitucional. Los magistrados puestos allí, sin credenciales ni méritos para ocupar esa alta magistratura, solo conforman el sicariato judicial, ejecutan lo que les ordenan sus jefes. Esta decisión muestra que la pandilla cívico-militar gobernante está dispuesta a ejercer la represión en todos los niveles, ya no es la brutal represión contra las protestas de calle que ha arrojado cientos de encarcelados, torturados, violando derechos humanos y garantías procesales o la represión selectiva, dirigida contra los periodistas y políticos opositores, ahora cierra la vía judicial de la protesta. La finalidad es acallar el rechazo y adormecer la esperanza de cambio. Con esta decisión la pandilla cívico-militar ha dicho no entregaremos el poder, seguiremos gobernando y acabaremos contra quien se nos oponga. Frente a esto queda sino organización y movilización popular hasta el final.