Venezuela no perdió Citgo, pero puede hacerlo: “Maduro miente para intentar ocultar errores propios”

Como la pérdida de un riñón para el cuerpo humano. Así impactaría en las arcas de la nación la posible subasta de Citgo Petroleum Corporation, filial en Estados Unidos de la estatal venezolana PDVSA, hecho que se convirtió en el centro del huracán político que sacude a Venezuela por la pugna, tras el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, y la creciente pugna entre el régimen de Nicolás Maduro y el cuestionado interinato de Juan Guaidó.

La empresa es uno de los activos más valiosos que tiene Venezuela, especialmente ante la caída en la producción de PDVSA que en noviembre pasado bajó hasta los 1,137 millones de barriles diarios en promedio, según datos de OPEP, un tercio del que llegó a generar.

En el caso de CITGO, el régimen de Maduro miente para intentar ocultar errores propios. Por eso, ordenó que la Asamblea Nacional electa ilegalmente en el 2018 designara una comisión para investigar el supuesto ‘robo y despojo’, a partir del 2019, de nuestra empresa que refina petróleo en Estados Unidos”, asegura Eddie Ramírez, coordinador Nacional de la Asociación Civil Gente del Petróleo.

Ramírez se refiere a las acciones del Ministerio Público venezolano que anunció el pasado viernes 25 de octubre una investigación por corrupción contra 351 dirigentes y activistas y 15 partidos políticos de oposición por lo que catalogan desde la acera oficialista como el “robo de Citgo”.

El anuncio de la Fiscalía, en palabras de Tarek William Saab, se sustentaría en un informe de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, con presuntos “elementos probatorios” que demostrarían las implicaciones que tienen estos actores en el robo de la empresa petrolera, “en riesgo de ser embargada debido a impagos”.

“Mienten los diputados electos ilegalmente que redactaron el informe de dicha comisión”, insiste Ramírez. “CITGO no ha sido robada ni despojada, sigue siendo del Estado venezolano y opera con eficiencia y efectividad. Sin embargo, puede perderse ya que está demandada por 26 empresas, varias de ellas expropiadas arbitrariamente y sin compensación por Hugo Chávez; además, por los portadores de los Bonos 2020 emitidos en el 2016 por órdenes de Maduro, sin autorización de la Asamblea Nacional y dando como garantía el 50,1 % de las acciones de CITGO. Quienes se sintieron afectados demandaron ante los tribunales estadounidenses en el 2018”.

Status legal: ¿Robo?

La Junta AD HOC de Citgo, presidida por Horacio Medina, solicitó a un juez estadounidense que suspendiera una subasta ordenada por la corte de la matriz de Citgo Petroleum hasta enero.

La venta de las acciones de la empresa matriz, PDV Holding, estaría prevista para el 19 de noviembre para satisfacer unos US$20.000 millones en demandas contra la nación y Petróleos de Venezuela SA, o Pdvsa. Algunas demandas se remontan a la nacionalización de activos bajo el gobierno del expresidente Hugo Chávez.

Versión Final trató de establecer contacto telefónico con Medina, pero resultó infructuoso. Sin embargo, en un comunicado emitido en su cuenta en X, la junta aseguró que Citgo continúa siendo un activo venezolano, ante la consumación de la supuesta subasta, información difundida en algunos medios. “Debe quedar claro que el único robo que sí existe y preocupa a los venezolanos es el robo de millones de votos en la elección del 28 de julio”.

En el comunicado resaltan que el “robo electoral” genera un bloqueo al anhelo de cambio de los venezolanos que es la llave para resolver, entre múltiples asuntos, la reestructuración de PDVSA y la protección de los activos.

Según Ramírez, los miembros de la comisión de la AN mienten al señalar a 351 ciudadanos y 15 partidos políticos de ser responsables de lo que llaman el despojo y robo de CITGO.

La única actuación de la mayoría de los citados fue aprobar el gobierno interino de Juan Guaidó, en cumplimiento de la Constitución nacional, mientras que otros lo que han hecho es recuperar la producción de las refinerías de CITGO, defender a la empresa ante las demandas y otorgar ayuda humanitaria a través de la Fundación Simón Bolívar”.

El origen del problema

José Guerra, economista y exdiputado de la AN, asegura que el problema de Citgo comenzó en 2009 cuando el presidente Chávez expropió la empresa minera Crystallex.

En su diagnóstico, Guerra recuerda que entre 1999 y 2002, la gestión de las finanzas públicas mostró un comportamiento moderadamente conservador, el cual se correspondió con la etapa ortodoxa de la política económica del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, con las expropiaciones se produjo una hemorragia.

En la medida en que fue cambiando la naturaleza del proyecto político al unísono fue modificándose la fisionomía de las cuentas del gobierno y de superávits se fue pasando a déficits recurrentes, en particular, a partir de 2005 y en ocho años de los doce que gobernó Chávez hubo déficit. El factor fundamental de tales déficits que explica el incremento de la deuda pública fue la ampliación del ámbito del Estado en la economía mediante expropiaciones y confiscaciones de empresas a partir de 2007, que de solventes pasaron a requerir repetidos aportes de fondos y el aumento de la nómina del sector público”, detalla.

Adicionalmente, sostiene Guerra, la brecha entre 2003 y 2013 del tipo de cambio oficial y el paralelo requería la emisión de deuda que se colocó en dólares pagadera en bolívares. “Un verdadero acto de irresponsabilidad durante las gestiones de Nelson Merentes, Alí Rodríguez y Jorge Giordani y Rafael Ramírez en Pdvsa. Esto significó una especie de venta anticipada de reservas internacionales con el objeto de sostener artificialmente el esquema de tipo de cambio fijo que desde 2003 mantuvo el gobierno”.

En sus palabras, lo más notorio de este lapso, 2005-2012, es el salto monumental que registra el endeudamiento de Pdvsa, que pasó de US$ 3,748 millones en 2005 a aproximadamente US$ 78.496 millones en 2012, al incluir en ese saldo lo adeudado al BCV (US$ 38.480 millones).

Entre 2009 y 2012, explica, lo que sucedió en Venezuela fue una especie de vendaval de deuda, al incrementar el sector público en US$  22 mil 229 millones sus obligaciones, equivalente a 6,8% del PIB.

El economista recuerda que la declinación de la producción de Pdvsa se agudizó a partir de 2008 y, de esta manera, la extracción de petróleo pasó de 2.428.000 barriles diarios en 1998 a 1.740.000 barriles en 2012, es decir una contracción de 40,5% y la producción total no declinó más porque las empresas extranjeras incrementaron la extracción de crudos al pasar de producir 360.000 barriles diarios en 1998 a 1.039.000 barriles diarios en 2012.

“El modelo diseñado, consistente en usar la industria petrolera exclusivamente como fuente de ingresos fiscales y para financiar una variedad de actividades ajenas al negocio petrolero sin que se reinvirtiera en la producción de hidrocarburos, demostró ser totalmente inviable y altamente costosa para los venezolanos, todo ello sin sanciones ni medidas coercitivas de ningún otro país”, añade.

Guerra ahonda sobre una Pdvsa “mal manejada” y que abarcaba la política social, construcción de viviendas, venta de alimentos, subsidios y préstamos concesionales a varias naciones en el marco del Acuerdo Integral de Cooperación con Cuba para vender petróleo con grandes descuentos al igual que Petrocaribe, a lo que se sumó una expansión de la nómina que de 30.000 trabajadores en 1998 llegó alcanzar a 120.000 personas en 2012, tenía necesariamente que generar  una caída de la producción y pérdida de capacidades gerenciales y administrativas y también necesidades crecientes de endeudamiento.

“Lo más paradójico fue el hecho que a partir de 2007 mientras más deuda contraía Pdvsa mayor era la caída de la producción.  Al asumir Chávez en 1999 la deuda externa total se situó en US$  28 mil 311 millones (36% del PIB) mientras  que en 2012 totalizó US$ 110.500 millones (55% del PIB) a pesar de que en esos años los precios del petróleo se multiplicaron por diez”, señala.

Chávez quería vender Citgo

Para Guerra, la política petrolera, instrumentada por el presidente Chávez y a cargo de Alí Rodríguez y Rafael Ramírez, fue un rotundo fracaso, de acuerdo con los niveles de producción.

En 1998, Venezuela produjo 3.288.000 barriles diarios de petróleo en tanto que en 2012 la producción alcanzó a 2.770.000 barriles por día, lo que denota una caída acumulada de 15,7%, sin sanciones. “Así, al concluir 2012 la situación fiscal y en particular de la deuda era insostenible y la economía no podía soportar el elevado peso que significó el servicio de la deuda y todo ello arrastró a Citgo, debido a que con las expropiaciones ejecutadas desde 2007 y especialmente en 2009, se generó una cadena de eventos legales contra esa empresa, que era y es el activo venezolano más apreciado por los acreedores”.

Una de las críticas más comunes que se le hacía a Citgo en el pasado, a decir de Guerra, era que su rentabilidad se derivaba del hecho que compraba crudo venezolano a descuento.

En concordancia con esa tesis, en 1998 Hugo Chávez en un evento en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en plena campaña electoral, dijo que a Citgo había que venderla porque su rentabilidad era ficticia, basada en la compra de crudos baratos a Pdvsa. Esa misma opinión la suscribía Maduro. Ya como presidentes Chávez y Maduro cambiaron de opinión, el primero se dio cuenta que Citgo era rentable y no la vendió, pero la puso en peligro. De hecho, entre 1999 y 2012  Citgo entregó dividendos por US$  8.457 millones y entre 2013 y 2017 por US$ 3.793 millones”, afirma.

El problema de Citgo, insiste Guerra, comenzó en 2009, indica el exparlamentario, cuando el presidente Chávez expropió la  minera Crystallex y ésta empieza a ejercer acciones legales para reclamar el pago del valor de sus inversiones y enfila contra Citgo, el activo más cotizado de Venezuela en el exterior.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, la Asamblea Nacional en vista de la situación de riesgo en que estaba Citgo dada la agresividad de los acreedores que exigían el pago y para fortalecer  la defensa de la empresa, acordó, entre otras cosas: Primero, Ratificar que el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional.

El segundo fue para ratificar que el contrato de emisión del Bono 2020 violó los artículos 311 y 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues sus condiciones financieras fueron lesivas debido a la irracionalidad bajo la cual PDVSA estructuró el canje y posterior emisión. “Lo que señalamos en el debate de la Asamblea Nacional en septiembre de 2016 se comenzó hacer realidad y en noviembre de 2017, de forma atropellada Maduro anunció la moratoria de los pagos de la deuda externa. La situación financiera del país era apremiante, después de haber disfrutado del mayor auge de ingresos petroleros de toda su historia”.

En ese contexto, los acreedores se dispusieron entonces a demandar el pago a Pdvsa como complemento a las acciones que ya había iniciado Crystallex para cobrar lo adeudado por la expropiación de 2009. Era la primera vez que en una colocación de un bono de Pdvsa se otorgaba una garantía física, porque antes esa garantía siempre fue la capacidad de pago y la reputación de la empresa. “Con ello comenzó un verdadero viacrucis para Venezuela porque se cerró el mercado financiero internacional y se vino sobre la República una verdadera lluvia de demandas en tribunales internacionales por deudas no pagadas”.

Incumplimiento de pagos

En el ínterin, al entrar Venezuela en incumplimiento de pago en noviembre de 2017, tuvo que adoptar una decisión muy difícil al vencerse el 27 de abril de 2019 el pago por US$ 72 millones del bono Pdvsa 2020 que está garantizado con las acciones de Citgo.

“Los profesionales de la crítica cuestionaron el pago que autorizó la Asamblea Nacional sin darse cuenta del peligro de perder una empresa como Citgo que en ese momento valía US$ 10.000 millones, ante un gobierno nacional que estaba paralizado y sin hacer ningún tipo de gestión para solventar el problema que él mismo había generado. Si no se hubiese hecho ese pago, Citgo estaría en manos extranjeras porque Maduro no tenía ninguna intención de pagar la deuda”, añade Guerra.

Por último, refiere que ante el peligro del embargo debido a la deuda acumulada, Citgo fue protegida de los acreedores por el gobierno de Estados Unidos desde mediados de 2019 hasta la sentencia, muy controvertida, de la Corte de Delawere del 27 de marzo de 2023 que validó la figura del Alter Ego y falló a favor de los acreedores a lo que se sumó la Licencia 42 de la OFAC del primero de mayo de 2023 mediante la cual no se bloqueará la venta de las acciones de Citgo.

Pdvsa Ad Hoc y Citgo han hecho todo lo posible para salvar la empresa para los venezolanos. De hecho ante una solicitud, el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió los nuevos embargos dictados contra Citgo por el juez Stark. Ciertamente, Citgo está en peligro de perderse por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, en las distintas instancias jurisdiccionales de Estados Unidos hay espacio todavía para preservar la empresa para los venezolanos, en particular si priva una política de carácter nacional, que trascienda la lucha interpartidista”.