El caso de los menores detenidos en Bolívar: alejados de la familia por centenares de kilómetros

En el estado Bolívar, dos adolescentes, Breiner de 16 años y Jairo de 17, se encuentran en el centro de una controversia legal tras ser detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. A pesar de su negación de haber participado en actividades delictivas, ambos fueron llevados a juicio bajo acusaciones de terrorismo, incitación al odio y daño a la propiedad pública o privada.

El arresto de Jairo ocurrió el 5 de agosto, mientras estaba frente a su casa en Santa Elena de Uairén. Sin antecedente delictivo, fue trasladado a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana y posteriormente llevado a San Félix, Ciudad Guayana, a una considerable distancia de 588.3 km de su hogar. Según su padre, José Gregorio, la familia esperaba que se tratara de un procedimiento rutinario del cual sería liberado tras verificarse su inocencia, pero no fue el caso.

Por su parte, Breiner fue arrestado el 29 de julio al salir de su trabajo en Upata. Su abuela, Gladys, quien cuida de él desde que sus padres emigraron, señala que el joven fue detenido por la Guardia Nacional antes de ser llevado a Ciudad Guayana, a 55 km de distancia, reportó runrunes.

Ambos menores han sido privados de ciertas libertades en San Félix, esperando la resolución en un juicio cuya fecha aún se desconoce. Una audiencia preliminar en septiembre no resultó en su excarcelación, aun cuando otros compañeros fueron liberados.

Las familias, alejadas por la distancia de los centros de detención, enfrentan dificultades económicas significativas para visitar a los menores los días permitidos. Además, deben asegurarles alimentos, ropa y medicinas, elementos proporcionados generalmente por el estado en sociedades normalizadas.

Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, señala que el caso representa una flagrante violación del debido proceso en Venezuela. Ella enfatiza que los menores detenidos enfrentan un "sistema inhumano" que niega tanto la representación legal privada como un juicio justo.

El artículo 538 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente subraya que los menores deben ser tratados con dignidad y no sufrir limitaciones en sus derechos más allá de las medidas necesarias impuestas por el sistema judicial.

Mientras Breiner sueña con regresar a sus estudios y trabajo, y Jairo necesita atención médica regular tras un accidente vehicular, sus familias permanecen a la espera de una resolución favorable mientras enfrentan la difícil situación creada por las detenciones.

Según el Foro Penal, más de 70 menores están detenidos bajo acusaciones similares en todo el país. Algunos familiares han denunciado experiencias de tortura física y psicológica, aunque estas afirmaciones aún no han sido investigadas por la Defensoría del Pueblo.