Sean “Diddy” Combs se declarará “no culpable” ante imputación por tráfico sexual y fraude
A solo horas de haber sido detenido, el rapero Sean “Diddy” Combs fue imputado por cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual ejercido mediante la fuerza, fraude o coacción y trata de personas en un tribunal federal de Nueva York.
La justicia estadounidense determinó, tras varios meses de investigaciones, que el artista “participó de manera continuada en un esquema generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas”.
La imputación del músico, de 54 años, llega tras haber recibido durante el último año 10 demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, unas acusaciones que Combs ha negado.
Su abogado, Marc Agnifilo, quien fue entrevistado por CNN, declaró que Sean “es inocente” y se declarará “no culpable”. También aseguró que se aproxima una “larga batalla con un buen resultado para el señor Combs”.
Por ahora, el rapero se encuentra en estos momentos en los servicios de prisión preventiva siendo procesado, según un funcionario de las fuerzas del orden.
El momento de su comparecencia inicial ante el tribunal aún no está claro. La acusación alega que, desde 2009 en adelante, el rapero agredió en numerosas ocasiones a mujeres, “golpeándolas, dándoles puñetazos, arrastrándolas, arrojándoles objetos y dándoles patadas”.
También se le acusa de manipular a mujeres mediante actos como la distribución de narcóticos, la intimidación o la violencia para participar en “actividades sexuales orquestadas con trabajadores sexuales masculinos”. Además, se le imputa ser el jefe de una empresa criminal, Combs Enterprise, cuyos miembros participaban en actividades de tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, entre otras.
Se presume que “Diddy” usó su negocio y a sus empleados para “llevar a cabo, facilitar y encubrir sus abusos y el comercio sexual”, y según los fiscales, se ganó la lealtad de los miembros de sus empresas mediante la violencia y las amenazas.
Asimismo, presuntamente “intimidó, manipuló, sobornó y amenazó a aquellas personas que fueron testigos de los delitos cometidos por los miembros y asociados de la empresa”.
En marzo pasado, las autoridades ejecutaron dos órdenes de allanamiento en sus propiedades en Los Ángeles y en Miami como parte de una investigación federal sobre tráfico sexual, narcotráfico y posesión ilegal de armas.
