Secretaria del partido “Alianza Bravo Pueblo” cumple cuatro semanas detenida
A 28 días de su aprehensión, sus familiares desconocen su paradero. Recientemente, la Cidh otorgó medidas cautelares para la dirigente política
Carmen Leonor García Azuaje, secretaria del partido de oposición “Alianza Bravo Pueblo”, cumple cuatro semanas en prisión tras ser capturada el pasado 17 de agosto por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la ciudad de Puerto Ayacucho.
A 28 días de su aprehensión, sus familiares desconocen su paradero, por lo que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares el pasado 23 de agosto.
La Comisión determinó que la dirigente política se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
Según la solicitud, Carmen García sufrió una “arbitraria” detención. Igualmente, se informó que los familiares de la beneficiaria se encuentran en la clandestinidad debido a la persecución política de la que han sido víctimas.
Asimismo, que su esposo ha recibido amenazas de ser privado de libertad.
Detallan que, las labores de búsqueda para dar con el paradero de la beneficiaria han incluido acudir a las sedes de la Policía Nacional Bolivariana de Puerto Ayacucho, la Guardia Nacional Bolivariana y la del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Allí les han informado que la propuesta beneficiaria no se encuentra detenida en ninguna de sus sedes.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión estimó de especial trascendencia las circunstancias que antecedieron la detención de la beneficiaria, sumado al monitoreo contextual del país realizado por la Comisión.
El organismo estimó que la beneficiaria se encuentra en una situación de total desprotección frente a las situaciones que podría estar enfrentando en la actualidad tras desconocerse su paradero.
Pidieron al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad, precisar si la beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos.
También pidieron implementar las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades como integrante de un partido de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.