Marta Lucía Ramírez | CPI: a prueba su transparencia y diligencia

Fiscalía de la CPI analiza denuncias tras las elecciones en Venezuela

El mundo entero ha sido testigo de la salvaje arremetida del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Nicolás Padrino y todos sus cómplices y coautores venezolanos y extranjeros, con posterioridad al 28 de julio. Fue ese día, cuando se dio el resultado de una gesta heroica que la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado y Edmundo González logró luego de 24 años en los que parecía imposible alcanzar la victoria contundente en contra del régimen instalado en el gobierno de Venezuela desde hace más de dos décadas.

Gracias al resultado electoral, pero sobre todo, a las arbitrariedades y el descaro del régimen para robarse una elección, hemos visto por fin, la solidaridad de varios países y de ciudadanos de todo el mundo a favor de la causa venezolana.

Es extraño el por qué la situación de Venezuela, a pesar de sus 8 millones de migrantes esparcidos por varios países, no ha movido, indignado ni conmovido tantos gestos de espontaneidad y apoyo, como sí lo han hecho los que defienden la causa Palestina, o la de Siria y Ucrania. En materia de derechos humanos hay dobles estándares según la conveniencia, intereses económicos o la cercanía ideológica al régimen que gobierna. Evidentemente, el caso venezolano nos demuestra esa doble moral: los críticos vociferantes de siempre a favor de los derechos humanos han guardado una actitud taciturna y un silencio cómplice frente a las atrocidades que han cometido Maduro y su camarilla durante los últimos 10 años, así como las que cometió Chávez durante los 10 años anteriores. Pero es particularmente aberrante el silencio frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera continuada, sistemática y cada vez más evidente en contra de la población civil que hace la parte de la oposición en el país bolivariano.

Si bien es cierto que el Estatuto de Roma que estableció la creación de la Corte Penal Internacional hace ya 22 años, requiere de investigaciones meticulosas que se llevan a cabo normalmente en contra de Estados, Gobiernos, o sectores directamente relacionados, como es el caso de las fuerzas militares, también es cierto que precisamente la naturaleza grave en extremo, de las conductas criminales que son de su competencia, ameritarían mayor diligencia y transparencia en el proceso.

En efecto, en el momento de la negociación y firma del Estatuto de Roma hubo consenso sobre la necesidad de que la defensa de los derechos humanos contra criminales poderosos que tienen funciones de Estado, no solo requería de una institución permanente, sino que su grado de especialidad garantizaría la capacidad de actuar rápidamente cuando los estados no investigaran crímenes sucedidos en sus territorios.

Lamentablemente durante estos 22 años de funcionamiento de la Corte Penal Internacional, la agilidad en los procesos e investigaciones no ha sido una de las características de esa institución, ya que la mayor parte de los casos han tomado más de una década, con excepciones bastante curiosas como el caso de la investigación contra Putin o la investigación contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, en los cuales la investigación y la toma de decisiones, se desarrollaron con especialidad celeridad.

En el caso de Venezuela, el régimen de Maduro ha actuado durante varios años de manera tan violenta e inhumana contra la oposición, que en la práctica ha tipificado la casi totalidad de violaciones gravísimas del derecho internacional que lesionan a la humanidad, aunque materialmente se han dirigido únicamente contra personas venezolanas.

Las infracciones cometidas hacen parte de la comisión múltiple de violaciones graves a los derechos humanos, tales como los asesinatos, deportaciones, traslado forzoso de población, torturas, violaciones, encarcelaciones injustificadas, crímenes sexuales, desaparición forzada y tantos otros imputables a Nicolás Maduro como cabeza de la línea de mando y le generan responsabilidad internacional tanto al autor, como a sus cómplices.

De conformidad con el artículo 58 del Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares a solicitud del fiscal de la Corte, Karim Khan en este caso, puede dar una orden de detención inmediata si al examinar la solicitud y pruebas concluye que esa medida de coerción procesal es necesaria para evitar que continúen los crímenes lesivos de la humanidad de la población afectada, o crímenes conexos que tengan su origen en las mismas circunstancias.

De eso se tratan las solicitudes que recientemente y con pruebas documentadas de más de dos mil crímenes de lesa humanidad cometidos con posterioridad al 28 de julio en Venezuela, presentadas por un grupo de mas de 50 abogados internacionales del cual tuvimos el privilegio de hacer parte un grupo de abogados colombianos , por invitación de destacados juristas venezolanos como Orlando Vieira, Víctor Rodríguez Cedeño, Asdrúbal Aguiar y el profesor Jesús Imbroda, en la línea desarrollada por la jurista también venezolana Tamara Suju, durante los últimos años. Adiciona con broche de oro estas coadyuvancias, la solicitud presentada por el expresidente Andrés Pastrana de Colombia, este viernes pasado , en representación de un grupo de 32 expresidentes de distintas naciones iberoamericanas que hacen parte de IDEA la Iniciativa para la defensa de la democracia de Iberoamérica.

El fiscal Karim Khan debe entender la extrema gravedad del caso venezolano y cómo cada día que transcurre en el silencio de esa corte, significa nuevos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hace unos días se conoció de un posible impedimento del fiscal Khan que ha debido evitar y tratar con la mayor transparencia, pues está en juego ni más ni menos, que la propia credibilidad de la Corte, el mismo día en que el presidente electo por el pueblo venezolano Edmundo González, ha debido llegar a España como exiliado ante las amenazas a su vida y a su libertad por parte de la dictadura.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/cpi-a-prueba-su-transparencia-y-diligencia-3379203

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