Acceso a la Justicia: Amparo del TSJ sobre referendo propiciaría desacato a sentencia de la CIJ
Según la ONG, el recurso podría afectar aún más la reclamación sobre el Esequibo ante la CIJ. A su juicio, el Estado venezolano "posee argumentos jurídicos sólidos para sostener ante cualquier instancia internacional que el territorio Esequibo es suyo"
"La sentencia de la Sala Constitucional" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "parece abrir las puertas al desacato de una eventual sentencia que pudiera dictar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el referendo e incluso una renuncia a seguir batallando en esa instancia". Así lo advirtió el martes la ONG Acceso a la Justicia, en referencia al amparo concedido por el alto tribunal a la Asamblea Nacional (AN), que solicitó el recurso para "proteger" la realización de la consulta, ante la petición de Guyana ante el tribunal mundial de detener estos comicios.
A través de un comunicado, la ONG considera que se trata de una estrategia que podría afectar aún más la reclamación sobre el Esequibo, tal como lo han advertido expertos.
Acceso a la Justicia citó la opinión del abogado Allan Brewer Carías: "Como lo ha recordado Kenneth Ramírez, la Corte Internacional de Justicia ya advirtió claramente en su sentencia del 18 de diciembre de 2020 que 'la no participación de una parte en el procedimiento en cualquier etapa del caso no puede, en ninguna circunstancia, afectar la validez de su sentencia'".
Brewer puntualiza, siempre citado por la organización no gubernamental, que la idea del referendo es "inútil e inconstitucional" y "contraria a los intereses del país".
Se trata de una problemática que es estrictamente jurídica, ante la cual el Gobierno no tiene nada que consultar ni conocer parecer alguno para actuar. Por el contrario, tiene un mandato constitucional de defensa del territorio nacional, el cual se define en el artículo 10 de la Constitución como el que 'correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad'", agrega el experto constitucionalista.
Acceso a la Justicia recordó además que la Sala Constitucional del TSJ le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) "continuar en el marco de sus competencias, con los trámites necesarios para garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos venezolanos, a los fines de realizar el referendo consultivo pautado para el 3 de diciembre de 2023", y en el cual se consultará a los electores sobre la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo.
Asimismo, el máximo tribunal ordenó a las autoridades gubernamentales "continuar con la protección de los derechos e intereses de la República en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba", dijo la ONG en el comunicado.
El Estado venezolano posee argumentos jurídicos sólidos para sostener ante cualquier instancia internacional que el territorio Esequibo es suyo, independientemente de que se consulte o no a los venezolanos, y por ello debe insistirse en la solución del conflicto con Guyana aplicando el Acuerdo de Ginebra de 1966 y defender ante la CIJ su posición", asevera Acceso a la Justicia.
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