Carlos J. Sarmiento Sosa | Lawfare o Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política
“España es formalmente una democracia, vale, pero está dejando a marchas forzadas, de ser un Estado de derecho”.
Fernando Savater
El Lawfare no es la primera vez que se utiliza al haber sido recientemente incorporado en el acuerdo político celebrado en Bélgica entre el PSOE y JUNTS -representado por un fugitivo- para contar con los votos necesarios que aseguren la investidura, porque tiene antecedentes tanto en el mundo hispano americano como en el anglosajón, acuerdo que ha sido rechazado abrumadoramente por la población mediante comunicados institucionales y multitudinarias manifestaciones públicas (https://www.outono.net/elentir/2023/11/11/la-lista-de-las-instituciones-que-rechazan-el-ataque-socialista-al-estado-de-derecho/).
En efecto, cuando en Hispanoamérica se han iniciado acciones judiciales contra ciertos exmandatarios -Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales- éstos y sus seguidores no han vacilado en calificar los procesos como un lawfare, como una instrumentalización de la justicia, o una judicialización de la política.
En los procesos seguidos a los citados exgobernantes, la utilización del término fue un malabarismo jurídico-político con el objeto de desacreditar a los sistemas judiciales de Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia acusando a sus funcionarios de servir de instrumento de persecución política, que no es el caso de Venezuela, donde con frecuencia se acude al lawfare para ciertos casos políticos, o de otra índole, como el sonado asunto de la juez Afiuni, un proceso que llevó más de 10 años para teóricamente terminar con una ridícula condena a 5 años de prisión por “corrupción espiritual”, un delito inexistente en el ordenamiento penal venezolano, caso en el que el difunto Presidente había solicitado públicamente que se le aplicara a la juez la pena máxima de 30 años por “facilitar la fuga” de un banquero que huyó del país al ser liberado por el juzgado a su cargo.
En España, los principales introductores de este concepto en el debate público nacional no fueron los independentistas catalanes, sino Podemos, a raíz de las investigaciones judiciales por indicios de vínculos con países extranjeros y sospechas de financiación irregular de esa organización por parte de gobiernos como el del fallecido Hugo Chávez en Venezuela y el de los Ayatollah, en Irán. Es ahora, noviembre de 2023, cuando ha sido rescatado por pacto PSOE-JUNTS.
En los Estados Unidos, el expresidente Donald Trumpp se ha asido al lawfare para para enfrentarse a las numerosas investigaciones judiciales iniciadas en su contra ante distintos tribunales norteamericanos. El general Charles Dunlap habla utilizado por primera vez el término lawfare en un artículo publicado en 2001, inmediatamente después de la campaña de Kosovo de 1999, momento en el que tanto los abogados como los debates públicos sobre la legalidad de la guerra ocuparon un lugar destacado.
Pero para que exista verdaderamente un lawfare -'law' (ley) y 'warfare' (guerra)- se requiere de una condición fundamental que vendría a ser la piedra angular de un proceso judicial guiado por motivos políticos, o una persecución política instrumentada desde un proceso judicial; y esa condición es que el sistema judicial esté sometido a controles distintos a lo que significa la administración de justicia como expresión de autonomía e independencia de los jueces y magistrados; y de allí el repudio generalizado al comentado acuerdo entre el PSOE y JUNTS por cuando declara la existencia de lawfare en España, lo que se traduce en suponer -o admitir- “( ... ) que el Estado utiliza el Poder Judicial no para hacer justicia y hacer cumplir las normas jurídicas vigentes, sino para erosionar a un adversario político, haciendo un mal uso de la Justicia por un interés político, lo que es completamente inaceptable, cuando se han cometido delitos contra el orden constitucional", como ha afirmado el experto Jorge Ortiz Ramírez, agregando: “Si en la realidad se dieran situaciones de "lawfare", nos encontraríamos en un escenario alejado de la democracia” (https://www.larazon.es/espana/que-lawfare-concepto-que-puesto-moda-donald-trump-que-utiliza-puigdemont_20231110654e40b132499c00011398b6.html).
En el caso de España, que es una democracia plena, donde el cuestionado acuerdo PSOE-JUNTS ha pretendido poner en duda la autonomía e independencia judicial, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha dejado clara la improcedencia o utilización del lawfare al afirmar:
“El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático”.
Para el momento en que escribo estas letras, el gobierno, en ejecución del pacto PSOE-JUNTS, ha presentado la ley orgánica amnistía. Dios nos agarre confesados!.