Caminantes venezolanos son víctimas de redes de trata, alertó la Procuraduría colombiana
La entidad advirtió que en el Tapón del Darién, grupos armados controlan el negocio de la migración explotando a los migrantes durante su paso por el país
Xenofobia, explotación sexual a menores de edad y el microtráfico y abandono son algunos de los problemas que sufre la población venezolana migratoria conocida como los caminantes, según demostró un informe realizado por la Procuraduría de Colombia.
El documento resalta también a los migrantes procedentes de Haití, Cuba, y Afganistán, que sufren de igual manera esta problemática, reseñó el diario Semana.
Desde principios de 2021, la Procuraduría de Colombia monitorea la situación a través de su delegada para los Derechos Humanos y procuradurías regionales y provinciales, con el fin de identificar necesidades de protección internacional, riesgos contra sus vidas y dificultades de acceso a servicios, emitir recomendaciones, y vigilar la respuesta institucional.
Atención en crisis
En un comunicado de prensa, la entidad precisó que al departamento de Norte de Santander, cuya frontera con Venezuela se extiende por al menos 500 kilómetros, ingresan en promedio 23.000 venezolanos diariamente por los tres puentes fronterizos existentes, según cifras reportadas por Migración Colombia (septiembre de 2022).
Muchos viven en Venezuela, pero estudian y trabajan en Colombia; otros hacen parte del éxodo constante de ciudadanos de ese país en busca de una nueva vida acá o hacen tránsito hacia otros lugares; cerca del 25 % se encuentran en situación migratoria irregular.
Durante su visita, en septiembre de 2022, pocos días después de que los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieran reabrir las fronteras tras 7 años de cierre, el equipo de la Procuraduría se encontró con la clausura inminente del Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS) ubicado en Los patios, municipio cercano a Cúcuta, en la ruta que toman los migrantes en su camino hacia el centro del país.
El CAS se había consolidado como una solución efectiva a problemáticas como explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia, esclavitud sexual, entre otras, que persisten en la zona, por lo cual la Procuradora Margarita Cabello denunció públicamente la situación.
Una selva de ilegalidad
Para los 160 mil caminantes que atravesaron en 2022 la selva conocida como El Tapón del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá, rumbo a estados Unidos, los encuentros con serpientes venenosas, pumas y caimanes que allí habitan fueron el menor de sus problemas.
La verdadera amenaza que atravesó esta población migratoria fue los grupos armados ilegales, cuyas mafias controlan el tránsito de migrantes y ejercen toda clase de violencias contra ellos, como trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, incluida la mano de obra infantil, mendicidad y trabajo doméstico.
La Procuraduría también conoció denuncias de las comunidades sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes involucrados en trata de menores para poder comer, así como afectaciones al orden público a causa de presuntos hurtos, prostitución y drogadicción.
A esto se suman los abusos por parte de las compañías privadas de transporte fluvial que están cobrando tarifas exorbitantes a los migrantes por los trayectos que deben recorrer hasta la frontera y una situación de salubridad pública en los municipios ante la falta de condiciones para preparar sus alimentos, aseo personal y brindar cuidados mínimos a su salud.