Los planes de Petro para despenalizar la cocaína en Colombia preocupan a EE. UU.

Es el mayor productor de cocaína del mundo, origen de más del 90 % de la droga incautada en Estados Unidos. Tiene la oficina más grande de la DEA en el extranjero. Y durante décadas ha sido un socio clave de la interminable “guerra contra la droga” de los sucesivos gobiernos de Washington. Pero ahora Colombia reclama poner fin a esa guerra y liderar un experimento pionero a nivel mundial: la despenalización de la cocaína.

El pasado 20 de julio, día en que se estableció el nuevo Congreso de la República, el senador Gustavo Bolívar sorprendió con un anuncio que generó polémica en diversos sectores. El miembro del Pacto Histórico anticipó que presentará un proyecto de ley sobre el tema de la lucha contra las drogas en Colombia.

“La paz grande no es posible sin acabar el narcotráfico. Los firmantes proponemos la regulación de las drogas, incluso la cocaína”, manifestó el senador Bolívar en su cuenta de Twitter. Adicionalmente, comentó que se “presentará un proyecto de ley para regular el uso de la hoja de coca, la amapola, los hongos y sus derivados para uso adulto y medicinal”.

Gustavo Petro, por su parte, dijo en su discurso de investidura: “Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”.

Para el presidente, es claro que la única forma de lograr la paz en Colombia es enfrentando de forma diferente el problema de la producción y el tráfico de drogas.

“Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, por ejemplo, vista como una guerra por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas”, sostuvo en esa oportunidad.

Sin embargo, la idea sobre una eventual despenalización de sustancias como la marihuana y la cocaína no ha sido bien vista. De hecho, un artículo publicado en el diario estadounidense The Washington Post fue implacable ante dicha posibilidad.

Se trata de un giro radical en un país históricamente conservador que podría trastocar su duradera –y lucrativa– relación antidrogas con Estados Unidos. Funcionarios y exfuncionarios estadounidenses expresaron su preocupación. El año pasado, la droga causó unas 25.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.

"Estados Unidos y la administración Biden no apoyan la despenalización”, dijo Jonathan Finer, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, quien se reunió con Petro en Colombia antes de su investidura.

Según The Washington Post, un exfuncionario de la DEA, que se expresó bajo condición de anonimato porque su actual empleador no lo autorizó a hablar del asunto, teme que la decisión limite la capacidad del organismo para colaborar con Colombia en investigaciones de narcotráfico. “Destruiría poco a poco la cooperación. Sería devastador, no solo a nivel regional, sino también global”, señaló.

Hasta ahora se han gastado miles de millones de dólares en financiar una estrategia basada principalmente en la destrucción del comercio de cocaína en su punto de origen: los sembradíos de las regiones rurales de Colombia.

La inteligencia y el entrenamiento de Estados Unidos fomentaron durante décadas las actividades militares de Colombia para erradicar la coca, la materia prima para la cocaína, y desmantelar los grupos de tráfico de drogas. Y sin embargo, más de medio siglo después de que el presidente norteamericano Richard M. Nixon declarara que las drogas eran “el enemigo público número uno de Estados Unidos”, la producción colombiana ha alcanzado niveles récord.

Según estadísticas de Estados Unidos, el cultivo de la coca se ha triplicado en la última década.

Felipe Tascón, el gurú antidrogas de Petro, dice que los colombianos quieren aprovechar este momento inusual en el que la mayoría de los gobiernos de la región –incluidos países productores de cocaína como Colombia, Perú y Bolivia– están gobernados por líderes de izquierda.

En su primera entrevista luego de su nombramiento, el economista dijo que quiere reunirse con sus pares de esos países para dialogar sobre la despenalización a nivel regional. Tascón espera que la conformación de un bloque regional unificado permita renegociar convenciones internacionales de drogas en las Naciones Unidas.

A escala nacional, el gobierno de Petro planifica apoyar leyes de despenalización de la cocaína y la marihuana y terminar con las pulverizaciones aéreas y la erradicación manual de la coca, que según los críticos afecta injustamente a los agricultores rurales más pobres.

Tascón argumenta que la regulación de la venta de cocaína le arrebataría el negocio a los grupos armados y los cárteles.