Asociación de venezolanos trasladan a Lasso sus inquietudes sobre el plan regularización

La Asociación Venezuela en Ecuador, una de las organizaciones más grandes de migrantes venezolanos en el país, trasladó al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, sus inquietudes sobre el plan de regularización masiva anunciado por el Gobierno.
En un documento entregado este lunes a la Presidencia ecuatoriana, esta asociación que tiene contabilizados a más de 300.000 venezolanos, admite que la propuesta gubernamental, de la que todavía no se conocen detalles, "contribuirá a la identificación de todos los que están sin documentación", aunque expresó sus temores.
Estos se fundamentan en que muchos venezolanos en Ecuador se encuentran en situación de apatridia, "pues no se puede acceder de manera sencilla a un documento de identidad".
Tramitaciones difíciles
"Hoy en día, señor presidente, es difícil para un venezolano hasta tramitar una cédula venezolana. Un pasaporte en estos momentos estará costando 400 dólares y el tiempo de entrega puede durar años", reza el documento.
La asociación solicita que se socialicen las medidas a adoptar por parte del Ejecutivo con todas las organizaciones de migrantes venezolanos en el país, además de proponer que puedan ser identificados a través de un carnet de permanencia temporal, al igual que se ha hecho en países como Perú o Colombia.
El presidente de la Asociación, Daniel Regalado, expresó en el escrito su preocupación particular por la situación de los menores, muchos de los cuales que han quedado fuera del sistema educativo "por carecer de una identificación" y pide que se dé prioridad a su estatus migratorio y legal.
Por ello, abogan por un plan de regularización para la población venezolana "que pueda cumplir con un diagnóstico, una serie de premisas de seguridad ciudadana y actividades con su correspondiente línea de tiempo".
Y advierte que todas las visas humanitarias concedidas durante la Administración del anterior presidente, Lenín Moreno, caducan este año y para el mes de noviembre habrán expirado el 100% de esos documentos, "que formaron parte de un esfuerzo para manteneros dentro de los parámetros legales mínimos".
De forma paralela, la asociación ha trasladado su preocupación sobre algunos artículos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que data de febrero de 2021, que contempla la deportación de aquellas personas extranjeras que sean consideras "una amenaza" para la seguridad del país.