Comisión de Contraloría de AN-2015 pide apurar juicios a exfuncionarios del área eléctrica

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, en su sesión de este lunes 4 de abril, acordó pedir a los organismos judiciales, de España y de Estados Unidos, que acelerar los juicios que adelantan en contra de exfuncionarios, y contratistas, del sector eléctrico durante el gobierno revolucionario.
Se trata de Javier Alvarado, exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica; y los contratistas Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, de quienes señalan su responsabilidad en los hechos de corrupción en contra del país y de los venezolanos.
Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, está involucrado en ocho casos registrados por el Corruptómetro y sobre él pesan siete investigaciones en instancias internacionales https://t.co/6azhnli9sY
— TalCual (@DiarioTalCual) April 3, 2022
La decisión de solicitar celeridad en las investigaciones internacionales fue parte del acuerdo aprobado, por una unanimidad, durante la sesión de la referida comisión permanente de la AN de 2015, sobre Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el cual el que se declara de interés y seguridad nacional la lucha contra la corrupción y sus delitos conexos en Venezuela.
En el acuerdo, propuesto por el diputado Guillermo Palacios, también se declaran personas no gratas, y responsables políticamente, a Rafael Ramìrez,Rafael Ramírez Carreño, Hipólito Izquierdo, Ángel Rodríguez Gamboa, Argenis Chávez, Jesse Chacón, y Luis Mota Domínguez, exministros de Energía Eléctrica, y al actual ministro, Néstor Reverol Torres.
A todos los señalados, la citada comisión de la AN de 2015 los considera "agentes directos de la crisis de energía que existe en el país y por los hechos de corrupción que directamente inciden en la debacle del Sistema Eléctrico Nacional".
El diputado Guillermo Palacios expresó que una de las causas fundamentales de la crisis humanitaria compleja son los hechos de corrupción enquistado en el país.
"La crisis eléctrica tiene que ver con la corrupción en la ejecución, de los recursos destinados para el mantenimiento, modernización y ampliación del Sistema Eléctrico Nacional” indicó.
Palacios también indicó que, para 2022, se han destinados más de 100 mil millones de dólares para el SEN, pero el país está sigue padeciendo apagones constantes, interrupciones del servicio eléctrico prolongados, y racionamiento. Atribuyó la crisis del sector al resultado de la irresponsabilidad y corrupción del régimen en la administración de los recursos de los venezolanos.
“Hoy en el 2022, vemos que para el sector eléctrico se han destinados más de 100 mil millones de dólares, y el país está padeciendo apagones constantes, interrupciones del servicio eléctrico prolongados, racionamiento, este es el resultado de la irresponsabilidad y corrupción del régimen en la administración de los recursos de los venezolanos”.
Desde la instancia parlamentaria, el diputado también puntualizó que, desde 2004 hasta 2005, el gobierno de Hugo Chávez ordenó regalarle a Cuba recursos para su electrificación, plantas eléctricas a Nicaragua para solventar sus fallas de electricidad, al tiempo que donó 80 millones de dólares para desarrollar los proyectos de electrificación en Bolivia.
Los apagones no ha cesado en todo el país. Así, por ejemplo, a partir de marzo de este año, según informó Corpoelec, Mérida tendrían cortes de entre nueve y 15 horas al día por sectores, entre dos y tres bloques.
Los diputados de la Comisión de Contraloría esperan remitir el acuerdo aprobado a la Comisión de Delegada. Sin embargo, los diputados Ismael león e Ismael García, indicaron que, luego de su aprobación en la Delegada, el acuerdo debe remitirse a la Fiscalía y Contraloría General de la República.
Asimismo, la Comisión de Contraloría de la AN de 2015, según señala la nota de prensa de este lunes, pedirá, a la Comisión Permanente de Política Interior, redactar un proyecto de ley de Extinción del Dominio "de todos y cada uno de los bienes y activos ilícitos provenientes o comprometidos con las actividades de corrupción y delitos conexos".