Sindicato de Inparques llamó a “defender El Ávila” ante pretensión de crear ciudad comunal
La Ley de Ordenación del Territorio señala que desde 1983 los Parques Nacionales del país son un área de administración especial, que ameritan del estado una protección efectiva
El pasado miércoles 20 de octubre, el presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio que encendió las alarmas: planea constituir en el cerro El Ávila la primera “ciudad comunal” de Venezuela, luego de que la Asamblea Nacional oficialista apruebe la Ley de Ciudades Comunales.
“Aquí mismo en esta montaña, una vez que aprueben la ley, promulgaré con mi firma de jefe de Estado la ley de Ciudades Comunales, y constituiré en el Waraira Repano la primera ciudad comunal del país, la primera ciudad comunal de la historia de Venezuela, aquí mismo, en el Waraira Repano”, fueron sus palabras desde Galipán.
En entrevista con Monitoreamos, Marlene Sifontes, secretaria de organización del sindicato Sunep-Inparques, llamó a los ciudadanos a defender el principal pulmón vegetal de Caracas.
“Como ciudadanos tenemos que defender el Parque Nacional. El Ávila es un tema de interés y los ciudadanos tenemos que defenderlo. Los funcionarios públicos están a la orden del pueblo y no al contrario“, afirmó.
“Como sindicato esperamos que eso sea un trapo rojo ante la cercanía de las elecciones regionales, y las actuales circunstancias en el exterior. Además no existen planos ni un plan de trabajo para nuevas construcciones”, expresó Sifontes.
Aclaró que “en el Parque Nacional el Ávila no se puede construir, está prohibido porque es una área bajo régimen de protección porque tiene características y condiciones particulares. Como funcionarios tenemos el deber de detener que se pretenda violar la Constitución Nacional y las leyes de los Parques Nacionales”.
Una construcción en el Parque Nacional El Ávila no contaría con los principales servicios públicos: agua, luz, gas, teléfono. Hasta nuestros Guardaparques tienen que cocinar a leña para alimentarse. Sin embargo, desde 2019 hemos denunciado ante las autoridades las construcciones de mansiones en Galipán, cuando solo los pobladores autóctonos pueden remodelar sus viviendas”, explicó.
Al respecto, la Ley de Ordenación del Territorio señala que desde 1983 los Parques Nacionales del país son un área de administración especial, que ameritan del estado una protección efectiva. “El gobierno no puede pretender hacer lo que ellos quieran, cuando se decreta un Parque Nacional es para proteger sus recursos naturales, su flora y fauna”, insistió.